El gobierno nacional acaba de revelar el contenido de un paquete de medidas que se pondrá en práctica próximamente para proteger a la mujer de los abusos y violencias a que ha sido sometida desde tiempos inmemorables.

La recepción del anuncio ha sido satisfactoria; la mayoría de los colombianos no acertábamos a saber por qué no se había legislado o decretado en favor de, por lo menos, la mitad de la población colombiana, la más noble y digna de ser amparada con todo el rigor de la ley penal y la fuerza del Estado. Diariamente, los medios de comunicación divulgan hechos criminales de los cuales son víctimas las mujeres, a manos de sus esposos o sus compañeros sentimentales; mujeres en su mayoría jóvenes son golpeados brutalmente y desfiguradas o muertas por quienes, al contrario, deberían ser sus guardianes o sus ángeles custodios.

La indolencia general ante las agresiones contra las mujeres es, francamente, pecaminosa. Ninguna sociedad civilizada puede permitir que se golpee, hiera o mate a seres casi siempre frágiles por naturaleza y que por su misma condición femenina merecen respeto y consideración.

Pues, de ahora en adelante en este campo las cosas serán a otro precio. Por ejemplo: los médicos y enfermeras estarán obligados a denunciar ante las autoridades los casos que, por su oficio, conozcan de mujeres víctimas de violencia familiar. Venía ocurriendo que estos hechos permanecieran ocultos o fueran disminuidos en su verdadera gravedad por el silencio de las personas que atendían a las mujeres lesionados o ultrajadas física o sicológicamente.

Y en cuanto a la víctima, ésta no podrá retractarse cuando haya acusado de maltrato a su pareja. Ocurría con frecuencia que las mujeres maltratadas por su esposos o compañeros, después de denunciarlos, volverán donde el funcionario que recibió la querella a desdecirse de lo dicho, tal vez aconsejadas por terceros o convencidas por el propio agresor.

Además, el sujeto agresor podrá ser desalojado de su propia casa por las autoridades y conminado a que no se acerque a su pareja ni a los hijos de ambos.

Tampoco se permitirá la discriminación laboral contra las mujeres, y la protección de éstas empezará desde la escuela primaria.

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